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Nino Rico, Nino Listo

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Las trampas de Circe. Falacias lógicas y argumentación informal

Este libro estudia cuestiones pertenecientes al campo de l. a. lógica aplicada, concretamente de teoría de l. a. argumentación casual. Abarca el análisis de los principales tipos de errores por incom­petencia argumentativa a partir de un enfoque nor­mativo actualizado y con una propuesta de taxono­mía de falacias lógicas informales basada en los cri­terios básicos de buena argumentación.

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Ello no significa que en el periodo indicado, no se presentaran transformaciones de entidades federativas con fuerte rechazo como Jalisco, México, Distrito Federal y Sonora, en entidades con manifiestos signos de atracción a partir e^ecífícamente de 1940 y 1950, independientemente de que en 1960, Sonora y Jalisco volvieron a registrar rechazos importantes. A la inversa, Aguascalientes, Sinaloa y Zacatecas observaron cambios en su carácter de atracción para convertirse en zonas de rechazo. La influencia de la uri)anización del país, así como la gran diversidad de regiones que lo integran, la distribución de sus recursos naturales en el territorio, así como los contrastes en la distribución de la población en el territorio nacional y la estructura ocupacional, provoca una dinámica que convierte a las corrientes migratorias del campo hacia las áreas urbanas en desplazamientos que alcanzan en pen'odos de 10 años sumas considerables.

IV, 55 fr. IV, 58, 73 fr. XIV, 76 frs. U y III, 79 fr. VI, 82 fr. V, 89 frs. IV, V, VI y XVI, 118 frs. n y n i , 123-B fr. XIII, y 132. Así como también en la LOAPF aa. 26 y 29 y en su reforma DO 29 de diciembre de 1982, a. 26. 3. Por otra parte, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos DO 15 de abril de 1971, en su a. 1 señala que éstas son instituciones permanentes destinadas a la defensa de la soberanía de la Nación y para garantizar su seguridad interna, así como para auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, dicho ordenamiento legal es básico para conocer la estructura y funciones del instituto armado.

IV. Por último, conviene hacer una alusión, así sea muy breve, a la naturaleza de los derechos que derivan del embargo, especialmente del judicial. A este respecto, la SCJ ha sido muy categórica al sostener que el "secuestro (y más ampliamente, el embargo) no otorga al ejecutante un derecho real sobre lo embargado" (tesis 185 del Apéndice al SJF 1917-1975, Tercera Sala, cuarta parte, p . 554). Consideramos que esta tesis, pese a las críticas que le ha formulado un sector de la doctrina procesal, es acertada en la medida en que el titiüar de los derechos derivados del embaído, cualquiera que sea su naturaleza, no puede ser de ninguna manera el ejecutante, sino el juzgador, ya que se trata de una institución de carácter estrictamente procesal.

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